• Sindicato ya presentó Recursos de Amparo.
  • Recargo de funciones para disfrutar del tiempo de lactancia termina por hacer que trabajadora renuncie a su derecho.El Sindicato Nacional de Enfermería, SINAE,  dejó en evidencia este miércoles el maltrato que reciben  trabajadoras en periodo de lactancia en algunos hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Desde hace aproximadamente un año, el SINAE,  emprendió la lucha contra la administración de los centros hospitalarios donde se vienen presentando anomalías en el trato que estos dan al personal femenino que se encuentra gozando de la licencia por periodo de  lactancia.

Recorte en el tiempo dedicado a la lactancia, el cual es según el reglamento interno de la CCSS de hora y media diaria, recargo de funciones para poder disfrutar del tiempo al que tienen derecho, son solo algunos de los problemas denunciados por trabajadoras de los Hospitales San Juan de Dios, Blanco Cervantes y Nacional de Niños

“Por problemas de gestión administrativa les están precarizando el tiempo al que tienen derecho para asegurar el adecuado desarrollo de sus hijos y les están recargado funciones, cuando la trabajadora se siente tan recargada se ve obligada a renunciar a su tiempo de lactancia”, indicó el Secretario General del SINAE, Lenín Hernández.

Los casos han sido gestionados por el departamento legal del sindicato, el cual ha recibido apoyo del INAMU, con el fin de velar y reivindicar el derecho de estas trabajadoras a la calidad del tiempo de lactancia.

“Lo que nosotros sentimos que no es válido es que la CCSS que debe velar por la lactancia y apego materno, y lo promueve en clínicas, Ebais y en múltiples campañas lo incumpla con sus propias trabajadoras” añadió Hernández.

Los casos no se han concentrado tan solo en la provincia de San José, pues tienen denuncias de prácticas similares en centros médicos de la provincia de Puntarenas.

El SINAE ganó dos Recursos de Amparo donde se ordena a la CCSS respetar el interés superior del menor y el derecho de la mujer, pero continúa obligando a las trabajadoras a acudir al Tribunal Contencioso Administrativo para reclamar la afectación económica.