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–Es necesario informar y concientizar a la población para evitar contagios.

Confinar o implementar más martillazos a los costarricenses durante el fin y principio de año no se puede permitir, debido al golpe que significaría para los bolsillos de la población en general, sobre todo a la más vulnerable tomando en consideración, además, la alta tasa de desempleo actual.

Si bien es cierto, estamos en momentos críticos por la pandemia, donde incluso, vemos saturación de los centros médicos, lo que se debe hacer es un urgente y vehemente llamado de concientización a los ticos para que tomen las medidas sanitarias respectivas, y conozcan bien las implicaciones de la COVID-19 para evitar mayores contagios.

Así lo manifestó Lenin Hernández Navas, Presidente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN) y Secretario General del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (SINAE AFINES).

El país no aguanta más martillazos, ahora o te mata la COVID-19 o te mata el hambre. El informalismo es lo que está permitiendo llevar el pan a la mesa de miles de costarricenses y, aplicar más medidas restrictivas es acabar con la población más vulnerable, tomando en consideración que el Estado no les brinda a las personas desempleadas y a sus familias un soporte económico

señaló Hernández Navas.

Añadió que, es imposible evitar los efectos con relación al virus por las malas acciones o decisiones del Ministerio de Salud, la debilidad de la institución y la irresponsabilidad de la ciudadanía.

¿Qué hacer?

El dirigente sindical fue claro al decir que se requiere con urgencia campañas de información y concientización y eso parte por tener patronos, trabajadores y un consumidor responsable, ya que, en muchos comercios, por la época navideña olvidan emitir recordatorios sobre la pandemia y el cumplimiento del distanciamiento y demás medidas de cuidado.

Hernández Navas indicó que se debe llevar a cabo un proceso de fiscalización para que el comercio cumpla las medidas de higiene y distanciamiento a la hora de sus clientes ingresen a los locales, con el fin de evitar contagios y, quienes no lo hagan, sean sancionados con órdenes sanitarias y cierres de los negocios.

El Ministerio de Salud debe acudir a otras instituciones para realizar la labor de fiscalización y cumplimiento de las medidas, como por ejemplo la CCSS y el Ministerio Público. Si se tienen que girar órdenes sanitarias 24/7, que lo hagan para lograr ese acatamiento de distanciamiento

apuntó.

Es necesario, también, que la CCSS le brinde el Equipo de Protección Personal (EPP) adecuado al trabajador que está en la primera línea de combate contra el virus, de esta forma, no tiene que existir ningún funcionario contagiado, que para diciembre hay más de 6.000 afectados.

Según dijo Hernández Navas, el Ministerio de Salud debe tomar acciones para la detección temprana de casos positivos y solamente lo podrá hacer con las pruebas rápidas. “Así es como no afectamos la economía y tenemos un balance entre la salud, la parte económica y social del país”.

Datos preocupantes

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) por medio de la Encuesta Continua de Empleo entre agosto y octubre del 2020, señalan que el desempleo alcanzó el 22% de la población, es decir, actualmente hay 526 mil costarricenses sin trabajo, buscando la manera de llevar el sustento a sus hogares.

Aunado a ello, sectores productivos indican que, para el segundo trimestre del año en curso, la pandemia dejó cerca 4.000 MiPymes cerradas, de las cuales, 950 eran del sector comercio.

Por su parte, el segundo estudio del Centro Latinoamérica de Innovación y Emprendimiento (Celiem) sobre el impacto de la COVID-19 en las Pymes costarricenses arrojó que, de 170 MiPymes encuestadas, el 90% se vieron afectadas por los cierres decretados por el Gobierno. Además, el 29.9% aplicó la reducción de jornada, mientras que el 17.7% redujo la jornada laboral de sus colaboradores y el 12.1% tuvo que despedir personal.