• Ministerio de Salud respaldó recorte de ₡1.500 millones para el 2026 para la Cruz Roja.
  • Recortes se repiten en el IAFA y en el Laboratorio de Genética de la CCSS.

La Cruz Roja Costarricense enfrenta la peor crisis financiera en sus 140 años de historia, una situación financiera crítica tras múltiples recortes del Ministerio de Salud y por negativas de transferencias que el Ministerio de Hacienda está obligado a hacer por ley.

Por este medio, el Sindicato Nacional de Enfermería y Afines  (SINAE AFINES) se suma al llamado para rescatar a la Cruz Roja. La decisión de desfinanciar la institución es un sin sentido que compromete la continuidad de servicios esenciales de emergencia, y es parte de un patrón de afectar programas esenciales de salud pública, porque también se ha dado con los presupuestos del IAFA y el Laboratorio de Genética de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Lenin Hernández Navas, Secretario General de SINAE AFINES, envió un mensaje al presidente de la República, Rodrigo Chaves, en un video contundente:

Rodrigo Chaves, usted como es un tico con corona, sí corrió a tomar un avión y a pagar por su salud, pero la seguridad social de este país no tiene aviones ni helicópteros privados para evacuar emergencias. Cuando nuestra vida o la de un ser querido depende de segundos, nos esperanzamos en una sola institución: la Cruz Roja Costarricense, quienes realizan al año más de medio millón de traslados en todo el territorio nacional

Desde el primer presupuesto planteado por la actual administración, el Gobierno ha planteado múltiples rebajas en el presupuesto de la Cruz Roja. Por ejemplo, en el 2025 presupuestaron ₡500 millones menos que en el 2024, y para el 2026, la propuesta respaldada por Mary Munive, ministra de Salud, redujo la transferencia en ₡1.500 millones.

Ante esta situación, la Asamblea Legislativa ha tenido que aplicar parches y remiendos en favor de las finanzas de la Cruz Roja. Sin embargo, a pesar de las correcciones, el Ministerio de Hacienda se niega a transferir los montos que le corresponden al cuerpo de emergencias. Esto ha generado un déficit cercano a los ₡1.700 millones que impediría la atención de miles de emergencias el próximo año.

El deterioro no es casual. La falta de ejecución oportuna, el desorden presupuestario y la ausencia de responsabilidad política señalan de forma directa a la gestión de Mary Munive, pues ha permitido que se acumulen retrasos, recortes e improvisación en áreas claves para la salud pública.

Este patrón se repite en otros servicios esenciales. El Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), vio aprobado su anteproyecto 2023 por debajo del punto de equilibrio. En 2024 se propuso una reducción superior a los ₡2.000 millones. Además de que su ministerio fue responsable de estos recortes al IAFA, Munive actuó sin ningún conocimiento técnico ni comprensión de la ciencia o los datos sobre la adicción, poniendo en riesgo a las personas.  Y esto en momentos en que hay récord de intoxicaciones por marihuana, que incluso superaron por primera vez las asociadas al licor.

En el Laboratorio de Genética Humana de la CCSS la situación es aún más grave: Salud asignó para 2026 apenas ₡194 millones, apenas la quinta parte del mínimo necesario, pese a que la demanda de pruebas aumentó un 60% en el primer trimestre de 2025. El patrón es claro: recortes en instituciones que sostienen la salud pública y la protección de la población.

Es urgente que el Ministerio de Salud actué que se transfieran de inmediato los recursos aprobados para la Cruz Roja y que revierta los recortes que afectan su operación.

Hoy levantamos la voz porque no vamos a esperar a que muera una persona por falta de una ambulancia. La salud pública no se improvisa, las emergencias no se politizan y las instituciones que atienden emergencias no pueden depender de los caprichos de un presidente

Costa Rica construyó durante décadas una red sólida de atención que no puede desmoronarse por decisiones mal tomadas. La Cruz Roja sigue cumpliendo con profesionalismo y entrega, incluso cuando el Estado no cumple con las obligaciones que garantizan su funcionamiento. El país merece que esta situación se corrija antes de que la improvisación se traduzca en vidas en riesgo.