El Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (SINAE AFINES) presentó  una denuncia penal ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción contra varias autoridades y funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por hechos que podrían constituir los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, administración fraudulenta, desviación del poder, influencia contra la Hacienda Pública, perjuicio económico a la CCSS y posible daño a la salud pública ante presuntas irregularidades en el apagado del sistema Red Digital de Imágenes Médicas REDIMED.

La denuncia fue presentada por el Secretario General del SINAE AFINES, Lic. Hugo Lenin Hernández Navas, quien advirtió que las decisiones administrativas tomadas entre 2022 y 2025 habrían puesto en riesgo la continuidad del sistema nacional de imágenes médicas digitales, la integridad de los diagnósticos y el patrimonio institucional de la CCSS; entre los hechos denunciados destacan:

  • La interrupción progresiva y no autorizada del sistema REDIMED, pese a que la Junta Directiva había aprobado su incorporación plena al Expediente Digital Único en Salud (EDUS) y al Pograma Establecimientos de Salud Digitales e Inteligentes (PESDI).
  • La utilización de visores de imágenes médicas no certificados para diagnóstico en centros de salud, exponiendo a la población a errores clínicos y a los profesionales a eventuales procesos por mala praxis.
  • La desatención de advertencias técnicas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), del Componente de Innovación y Salud Digital (CISADI), de auditorías internas y de la Contraloría General de la República (CGR), que señalaban fallas internas de infraestructura y alertaban sobre la obligación legal de garantizar la continuidad del servicio.
  • La emisión de informes técnicos desactualizados o incompletos, utilizados como base para promover el apagado del sistema contratado sin sustento jurídico ni estudio clínico que lo justificara.
  • La existencia de decisiones administrativas tomadas sin autorización de la Junta Directiva y contrarias a acuerdos firmes aprobados por el máximo órgano institucional.

Riesgo real para la salud de la población

El Secretario General de SINAE AFINES sostiene que la implementación de visores no certificados y el debilitamiento del sistema de imágenes médicas generaron un riesgo real, actual y grave para la seguridad de los pacientes, afectando diagnósticos por imagen, un componente crítico en oncología, emergencias, pediatría, ortopedia y múltiples especialidades.

No permitiremos que decisiones improvisadas o motivadas políticamente pongan en riesgo la vida de las personas usuarias ni el trabajo clínico del personal de salud.

Hernández Navas, además, subrayó que la CCSS tiene el deber constitucional de garantizar servicios seguros, integrados y basados en evidencia técnica, no en ocurrencias ni agendas paralelas, destacó el representante sindical.

Responsabilidad administrativa y penal

La denuncia señala la presunta participación, por acción y omisión, de Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, expresidenta Ejecutiva de la CCSS (2022-2024), Mónica Taylor Hernández Presidenta Ejecutiva de la CCSS desde 8 de enero 2025, el Ing. Roberto Picado Mora, director de Tecnologías de Información (DTIC) y firmante de comunicaciones para el apagado de REDIMED. El Dr. Alexander Sánchez Cabo, Gerente Médico de la CCSS (2024-2025), quien suscribió informes que recomendaron las migraciones tecnológicas sin sustento técnico. El Dr. Alejandro Vallecillo Torres, autor del informe técnico desactualizado utilizado para justificar decisiones administrativas, así como otros funcionarios cuyos nombres se ampliarán en sede de la fiscalía.

Para SINAE AFINES, la investigación debe determinar responsabilidades civiles, penales y administrativas por los daños generados y evitar que la institución replique decisiones que comprometan la seguridad de los servicios de salud. Por lo anterior el SINAE AFINES exige:

  • Que la CCSS recupere inmediatamente la gobernanza técnica del ecosistema de imágenes médicas.
  • Que se restituya la ruta institucional aprobada para REDIMED dentro del EDUS y del PESDI.
  • Que se suspenda el uso de visores no certificados para diagnóstico.
  • Que la Junta Directiva conozca con transparencia toda la información vinculada al proyecto y a su interrupción.

La seguridad de los pacientes no se negocia. La salud pública debe estar por encima de intereses políticos o administrativos.

concluyó Hernández Navas.