SINAE AFINES denuncia tras desobediencia de Gobierno.

-Presidente Rodrigo Chaves burla orden judicial de la Sala Constitucional y continúa con Junta Directiva ilegal.

-Mandatario continúa gastando dinero de costarricenses en pago de costas por irrespetar derechos constitucionales.

El Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (SINAE AFINES), con el apoyo de la Unidad en la Acción Sindical (UAS), solicitó a la Sala Constitucional suspender inmediatamente las sesiones de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), al considerar que este órgano colegiado está conformado ilegalmente por directivos puestos a dedo por el Gobierno desde el 07 de Diciembre del 2022, tras una medida cautelar.

Esta organización sindical presentó el miércoles 19 de julio del 2023 el recurso de amparo 23-017206-0007-CO en donde solicita a la Sala Constitucional aplicar la medida de suspensión hasta que el presidente de la República, Rodrigo Chaves y su Consejo de Gobierno, acaten a cabalidad el voto 2023015518, que señala la restitución de los cinco directivos suspendidos desde diciembre anterior de manera autoritaria y arbitraria.

“Existe un quebrantamiento por parte del mandatario y su equipo de trabajo (Consejo de Gobierno) al Estado Social de Derecho, una transgresión al orden constitucional y, además, prevalece un acto discriminatorio contra la Junta Directiva de la CCSS al restituir únicamente a dos directivos el 03 de julio del año en curso, dejando por fuera a Maritza Jiménez Aguilar, representante del Solidarismo y a Carlos Salazar Vargas, representante del Ejecutivo”, expresó Lenin Hernández Navas, Secretario General del SINAE AFINES.

Tachó, además, como impensable e inaceptable que, el acuerdo del Consejo de Gobierno anulado por la Sala Constitucional, se aplique para unos directivos, pero, para otros no, luego de haber sesionado de manera extraordinaria el 03 de julio del año en curso y únicamente restituyeron al representante del Cooperativismo y a la del Sindicalismo.

Acuerdos ilegales y nulos

Aunado a la suspensión de las sesiones de la Junta Directiva de la CCSS, el SINAE AFINES solicita a la Sala Constitucional anular todos los acuerdos de este órgano colegiado a partir del 03 de julio del 2023, al haber sido votados por integrantes sustitutos ilegalmente nombrados y que habían cesado en pleno derecho mediante el fallo de la Sala Constitucional del 27 de junio del 2023.

“Esas sesiones de Junta Directiva y los acuerdos adoptados son ilegales y arbitrarios, carentes de legitimidad al no haber existido quórum integral o legal”, manifestó Hernández Navas, quien, además, fue enfático al decir que existe una clara desobediencia por parte del presidente Chaves y su Consejo de Gobierno en acatar lo dictado por la Sala Constitucional.

Burla jurídica

El 07 de diciembre del 2022, el Consejo de Gobierno estableció una medida cautelar “ante causam” contra cinco directivos de la CCSS y los separó de su cargo, el 21 de diciembre del mismo año, realizan un traslado de cargos y otra medida cautelar bajo las mismas condiciones y justificaciones a la primera, aspecto que le permite al Ejecutivo burlarse de la Sala Constitucional e incumplir con su fallo del 27 de junio del 2023, donde dio la razón a esta organización sindical sobre la violación a la autonomía.

El fallo en mención es claro al señalar la suspensión inmediata de la medida cautelar “ante causam”, decisión que recae también sobre la segunda medida impuesta, al ser aplicada bajo las mismas condiciones.

“ (…) Es en el mismo sentido los actos de separación de sus cargos contra los 5 directivos son conexos, al igual que el inicial son nulos, por lo que no tendría relevancia jurídica interpretar un fallo a medias como la ha tratado de hacer el presidente de la República y si Consejo de Gobierno, incurriendo en lo que consideramos una ‘burla Jurídica’”, se lee en el recurso de amparo interpuesto por el SINAE AFINES.

El SINAE AFINES es claro y busca que el Gobierno obedezca lo establecido por la Sala Constitucional, es decir, que reinstale inmediatamente a los dos directivos suspendidos que están pendientes. Además, espera que el ente constitucional suspenda también la medida cautelar del Gobierno con fecha 21 de diciembre del 2021 “idéntica” a la ante causam, interpuesta primeramente también por el Ejecutivo.

Esta organización sindical lamenta que el presidente Chaves siga gastando dinero de los costarricenses por irrespetar derechos constitucionales, al continuar manteniendo una posición autoritaria, bajo el incumplimiento también de las leyes de Costa Rica.