• Empleados de gobierno no reciben reajuste salarial desde el 2020.
  • Familias tienen pérdida adquisitiva del 9.5% según datos del Banco Central de Costa Rica.

El Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (SINAE AFINES), en conjunto con la Confederación de Trabajadores Unidad en la Acción Sindical (UAS) y el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) presentan el proyecto de Ley de Justicia Salarial y Equilibrio Fiscal de Costa Rica, el cual será dado a conocer de manera formal antes las diversas fracciones legislativas.

La iniciativa surge como respuesta al prolongado congelamiento de los salarios públicos aplicado desde el año 2020, a partir de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley Nº 9635) y la Ley Marco de Empleo Público (Ley Nº 10.159), una medida que, según datos oficiales del Banco Central de Costa Rica (BCCR), ha provocado una pérdida acumulada cercana al 9,5 % del poder adquisitivo de miles de familias trabajadoras del Estado.

Las organizaciones señalan que el congelamiento de los salarios en el sector público, lejos de fortalecer las finanzas públicas, ha tenido efectos adversos sobre la economía nacional, al debilitar la demanda interna, principal motor del crecimiento económico, al erosionar la base contributiva del Estado y afectar la capacidad institucional para atraer y retener personal calificado en áreas estratégicas como salud, educación, seguridad y justicia.

A su vez, aseguran que este proyecto de ley se trata de una propuesta enfocada en restablecer la justicia salarial, mantener la sostenibilidad fiscal y proteger el valor real, la competitividad, del trabajo público en nuestro país.

“El sacrificio impuesto a las personas trabajadoras del sector público no se ha traducido en una mejora estructural de la relación Deuda – PIB, ni en una mayor estabilidad fiscal. Por el contrario, ha profundizado la desigualdad, ha debilitado el consumo interno (adquisición de bienes y servicios) y afectado la calidad de los servicios públicos”, señalaron las organizaciones impulsoras del proyecto Ley de Justicia Salarial y Equilibrio Fiscal de Costa Rica.

La iniciativa de ley plantea restablecer los ajustes salariales por costo de vida, eliminar los congelamientos indefinidos y corregir distorsiones introducidas en la legislación vigente, bajo los principios de razonabilidad, proporcionalidad, justicia social y sostenibilidad fiscal. La propuesta se sustenta en criterios técnicos, económicos y jurídicos, incluyendo recientes valoraciones que cuestionan la constitucionalidad de congelamientos salariales prolongados.

Las organizaciones recalcaron que la iniciativa no promueve un aumento del gasto público, sino una corrección necesaria para evitar que siga disminuyendo el valor real de los salarios y así, contribuir con la reactivación de la economía, fortalecer la recaudación y restablecer el equilibrio entre disciplina fiscal y bienestar social, pilares históricos del Estado social de derecho costarricense.

Advertencia de la CGR y la Sala Constitucional

El congelamiento salarial que enfrentan miles de personas trabajadoras del sector público como resultado de la aplicación de la Ley Marco de Empleo Público (Ley Nº 10.159) y la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley Nº 9.635) ha generado serias advertencias desde el ámbito jurídico y constitucional, al evidenciarse una posible afectación a derechos fundamentales, con impactos directos en la economía y bienestar de las familias de los y las trabajadoras públicas.

Distintos criterios técnicos han señalado que los congelamientos salariales de carácter indefinido o sin un límite temporal claro resultan contrarios al derecho al salario digno, a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, así como al principio de no regresividad de los derechos sociales.

La Procuraduría General de la República (PGR) ha sido enfática al analizar los transitorios XI y XII de la Ley Marco de Empleo Público, los cuales establecen que las personas funcionarias cuyo salario supere el salario global correspondiente no recibirán ajustes salariales ni aumentos por costo de vida, hasta que dicha escala los alcance.

“Los transitorios XI y XII de la Ley Marco de Empleo Público ordenan congelamientos salariales a plazo indefinido o indeterminado, lo cual resulta contrario al Derecho de la Constitución, particularmente al artículo 57, relativo al derecho al salario, así como a los principios de razonabilidad y proporcionalidad”, advirtió la Procuraduría General de la República.

La PGR subraya que este tipo de medidas generan un perjuicio desproporcionado para las personas trabajadoras, al excluirlas durante un periodo indeterminado de cualquier ajuste que compense el aumento en el costo de vida, afectando directamente su poder adquisitivo y el de sus familias.

En la misma línea, la Sala Constitucional, citada por la Procuraduría, ha sostenido que los congelamientos salariales solo pueden justificarse de forma excepcional y temporal, y que su prolongación indefinida constituye un uso abusivo del poder estatal.

“El congelamiento de salarios debe ser temporal y no permanente, pues supone un sacrificio del trabajador al no ver aumentado su salario pese al incremento en el costo de vida. Un congelamiento indefinido constituiría un abuso estatal, ya que no solo perjudica el salario del funcionario, sino también otros derechos como la jubilación”, señala el criterio jurisprudencial retomado por la PGR.

Asimismo, la Sala Constitucional ha advertido que la exclusión de ajustes por costo de vida puede resultar irrazonable y desproporcionada, al afectar el principio de no regresividad de los derechos económicos y sociales, especialmente cuando no se justifica de manera estricta su necesidad ni se establece un plazo cierto de finalización.

Diversos análisis jurídicos coinciden en que la transición hacia el salario global no puede traducirse en un empobrecimiento sostenido de las personas trabajadoras del sector público.

“El congelamiento de la remuneración y la exclusión de aumentos por costo de vida deben garantizar una transición normativa respetuosa de los derechos fundamentales y no producir un empobrecimiento de plazo indeterminado de la capacidad adquisitiva de las personas trabajadoras”, advierte un análisis académico sobre la aplicación de la Ley Marco de Empleo Público.

Estas consideraciones jurídicas adquieren especial relevancia en un contexto de inflación acumulada y aumento sostenido del costo de vida, donde el congelamiento salarial impacta directamente la capacidad de los hogares para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, educación y salud.

Las organizaciones sociales y sindicales insisten en que el ordenamiento constitucional costarricense no permite que el ajuste fiscal se realice a costa del deterioro permanente del salario real, y que cualquier medida de contención del gasto debe equilibrarse con la protección efectiva de los derechos laborales y sociales.